Presidente Kast firma proyecto para aumentar endeudamiento en US$6.200 millones

Este lunes por la tarde, tras la Cuenta Pública y la reunión del Comité Político, el Presidente José Antonio Kast anunció medidas y firmó dos iniciativas de ley y un decreto. La actividad tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, según reporta BioBioChile.

El primer proyecto es el de Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades y lo suscribió junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; al titular de Hacienda, Jorge Quiroz; al encargado de Seguridad Pública, Martín Arrau; a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y al titular de Justicia, Fernando Rabat.

El segundo proyecto tiene como objetivo permitir que la Ley de Presupuesto eleve el límite máximo de endeudamiento para el actual ejercicio presupuestario. Para tal fin, el Presidente firmó junto al ministro Quiroz.

Por último, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, secundó la resolución relativa al mecanismo de salida voluntaria, la cual está contenida en el Plan Retorno anunciado hoy.

  • Aumento del límite de endeudamiento

El Presidente firmó un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones. Esta iniciativa responde a la actualización del escenario fiscal realizada en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre.

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De acuerdo con el Ejecutivo, dicho informe evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco.

La mayor necesidad de deuda se deriva de una profundización del déficit fiscal en US$3.800 millones con respecto a lo estimado en la Ley de Presupuestos. A ello se suman US$900 millones por efecto tipo de cambio.

También se suman US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante y caja. Para el Gobierno, “se trata de una medida necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera heredada y dar certeza respecto del financiamiento del ejercicio fiscal 2026″.