Ley “anti-encapuchados”: La Comisión de Seguridad da luz verde a castigar a quienes oculten su rostro en encuentros públicos
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados dio su aprobación, en términos generales, a un proyecto de ley propuesto por el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares Avendaño que pretende penalizar con prisión a aquellos que se “encapuchen” o cubran su cara en encuentros públicos, según consigna T13.
La norma busca tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.
La propuesta establece algunas excepciones para quienes cubran su rostro por motivos de salud, religiosos o “condiciones debidamente justificadas”.
“El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, dice el proyecto.
“No incurrirán en la pena señalada quienes utilicen los elementos descritos por razones de salud, culto religioso, o por condiciones debidamente justificadas”, agrega.
El proyecto también busca que sea una agravante el hecho de cubrir el rostro en el caso de la comisión de un delito.
“Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, detalla la norma.
- Diversas opiniones sobre el proyecto que penaliza a encapuchados
Con 7 votos a favor y 4 en contra fue aprobado el proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
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Durante la discusión, sin embargo, algunas instituciones manifestaron sus reparos a la idea. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Rodrigo Espinoza Olea, precisó que, si bien se valora el interés por controlar el actuar de los encapuchados, el texto no entrega certeza jurídica. Además, consideró que resulta muy amplia la definición de “lugar público”.
En tanto, la defensora nacional, Verónica Encina Vera, estimó que la iniciativa no establece con claridad cuál es el bien jurídico protegido. Sostuvo que el proyecto
representa un problema de aplicación sistemática del derecho, junto a una vulneración de derechos fundamentales, según recoge el sitio web de la cámara.
El jefe de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Cabezas Chamorro, manifestó un sentimiento similar. Afirmó que la normativa implica diversos derechos, mientras que impacta el principio de proporcionalidad y la clasificación de conductas.
