Contraloría detecta que INE empleó censistas con antecedentes delictivos: Narco y delincuentes
La Contraloría General de la República identificó irregularidades en el Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se encontraron censistas con antecedentes penales por estafa, robo y tráfico de drogas, así como la contratación de extranjeros sin autorización laboral en Chile. También se observó un conflicto de interés relacionado con una exasesora del Censo en la comisión evaluadora de una licitación de $1.700 millones, ya que ella representaba a una sociedad que poseía el 60% de la empresa adjudicataria. La Contraloría ha enviado la información al Ministerio Público para posibles investigaciones penales, según reporta BioBioChile Investiga.
- Censistas con prontuario
El informe final de la División de Fiscalización de la Contraloría revela que el INE contrató a 16 censistas con antecedentes penales, incluyendo condenas por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Se encontró que seis censistas presentaron certificados que no reflejaban su prontuario, evidenciando que el INE no verificó la veracidad de dichos documentos. En otros diez casos, no se demostró que el INE exigiera el certificado de antecedentes antes de la contratación. Además, el INE incorporó a 14 extranjeros no habilitados para trabajar en el país, ya que carecían de residencia válida a diciembre de 2023. Entre ellos, cinco eran exresidentes cuyo estatus había sido revocado, incluida una expulsión administrativa. Por estas irregularidades, la Contraloría ordenó al INE iniciar un procedimiento disciplinario en un plazo de 15 días para identificar responsabilidades administrativas.
- Conflicto de interés
La Contraloría identificó un conflicto de interés en una licitación del Censo 2024, donde una exasesora del proceso censal, vinculada al INE hasta agosto de 2024, participó en la evaluación de una licitación de $1.700 millones. Esta profesional era también representante legal de McCann Erickson S.A., que tenía el 60% en Dittborn y Unzueta S.A., la empresa que ganó el contrato. La Contraloría considera que esto podría violar las normas de probidad y un posible conflicto de interés bajo la Ley N° 20.880. Por ello, se enviará una copia de esta observación al Ministerio Público para que actúe.
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- Sin trabajo acreditado
La Contraloría detectó que 581 supuestos censistas recibieron pagos por $166,4 millones sin evidencia de las visitas realizadas. Esto llevó a un reparo sobre esos fondos. Además, el INE no impuso multas de $131,9 millones a empresas de reclutamiento por incumplimientos en antecedentes penales, situación migratoria, requisitos educativos y documentación. Se inició un procedimiento disciplinario al hallar 77 contratos de arriendo de oficinas sin justificación, y cinco contratos se extendieron hasta 11 meses, a pesar de que el censo duró cerca de cinco meses, con uno iniciado cuatro meses antes del censo. La Contraloría formuló un reparo de $49,4 millones en este contexto. Igualmente, se constató un pago de $134,2 millones por servicios de transporte el 1 de mayo de 2024, día sin actividades censales, sin justificación ni hojas de ruta, lo que genera otro reparo por el total de esos recursos.
