Noticias Chile | Qué son los autofraudes: la modalidad que llevó a BancoEstado a denunciar más de 7 mil casos
- ¿QUÉ PASÓ?
La Ley N° 20.009, conocida como Ley de Fraudes, establece en Chile un marco de protección para los usuarios de medios de pago frente a situaciones de hurto, robo, extravío o uso fraudulento de tarjetas y transacciones electrónicas. La normativa obliga a las entidades financieras a restituir los fondos afectados una vez que el cliente informa el hecho a través de los canales habilitados y presenta la denuncia correspondiente.
Este mecanismo se sustenta en el principio de que los bancos son responsables de resguardar los recursos de sus clientes y de implementar las medidas de seguridad necesarias para prevenir delitos asociados a operaciones financieras y pagos electrónicos.
No obstante, las instituciones financieras han advertido sobre un fenómeno que ha ido ganando relevancia en los últimos años: los denominados “autofraudes”, casos en los que una persona realiza voluntariamente una compra, pago o transferencia y posteriormente asegura desconocer la operación para obtener la devolución de los fondos.
- Más de 7 mil casos bajo investigación
Según antecedentes expuestos por BancoEstado, durante 2024 la entidad presentó una querella relacionada con un esquema masivo y sistemático de este tipo de prácticas, el cual involucra más de 7.000 casos con características similares.
La situación ha generado preocupación en la industria bancaria. Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) han vinculado el incremento de estos casos a las modificaciones introducidas en 2020 a la Ley de Fraudes, que fijaron en 35 UF el límite para la restitución de operaciones desconocidas sin procedimientos adicionales.
El gremio ha planteado la necesidad de reducir ese umbral a 15 UF como una medida para desalentar eventuales usos indebidos de la normativa.
- Coordinación entre BancoEstado y el Ministerio Público
A comienzos de junio, BancoEstado y el Ministerio Público sostuvieron una reunión destinada a fortalecer las estrategias de prevención, detección e investigación de delitos económicos vinculados al sistema financiero.
De acuerdo con lo informado por BancoEstado, uno de los temas centrales del encuentro fue el seguimiento de la querella presentada el año pasado por el presunto esquema de “autofraudes”.
La institución señaló que busca colaborar activamente en la reconstrucción de flujos financieros, la identificación de beneficiarios finales y la detección de posibles delitos asociados, como lavado de activos o asociación ilícita. El objetivo es facilitar el trabajo investigativo y fortalecer la persecución penal de estas conductas.
- Autoridades destacan trabajo conjunto
El presidente de BancoEstado, Mario Farren, afirmó que este tipo de delitos genera consecuencias que trascienden a una sola institución financiera y afectan al conjunto del sistema bancario. En ese contexto, sostuvo que la coordinación con la Fiscalía permitirá contar con “nuevas herramientas necesarias para la desarticulación de las redes criminales”.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la importancia de la colaboración entre organismos públicos y privados para enfrentar los delitos económicos. A su juicio, el intercambio de información resulta clave para rastrear con rapidez el destino de los recursos involucrados en este tipo de ilícitos.
Respecto de la iniciativa desarrollada junto a BancoEstado, Valencia señaló que “representa un paso relevante para fortalecer la prevención, detección e investigación de estos ilícitos en beneficio de toda la ciudadanía”.
- Las propuestas de la banca para modificar la normativa
La discusión también ha reactivado el debate sobre eventuales ajustes a la Ley de Fraudes. Desde la Abif sostienen que la normativa mantiene algunas distorsiones que podrían estar incentivando conductas abusivas.
Según cifras citadas por el gremio, la tasa de fraudes registrada actualmente sería tres veces superior a la observada antes de la reforma de 2020 y más de 6,5 veces mayor que la registrada en países de la Unión Europea.
Entre las modificaciones que propone la industria bancaria se encuentra revisar el estándar probatorio relacionado con la culpa grave o el dolo, permitir nuevamente la comercialización de seguros destinados a proteger a víctimas de fraude y crear mecanismos especializados para resolver controversias sobre restitución de fondos, evitando así una mayor carga para los Juzgados de Policía Local.
