Inician sumario y suspenden al jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que sugirió traslado del comandante Ramiro
La situación de Mauricio Hernández Norambuena, apodado comandante Ramiro, ha suscitado diversas polémicas durante años. La más reciente de ellas relacionada con el establecimiento penitenciario donde debe cumplir su sentencia, ya que su traslado desde la cárcel de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) no pasó desapercibido, reporta el Diario La Tercera.
De acuerdo con lo informado por Gendarmería, dicha disposición se adoptó en razón de motivos de seguridad y dada la connotación pública del exfrentista, aunque de acuerdo con las alegaciones hechas por su defensa, no se les especificaron argumentos técnicos para fundar la resolución.
Por lo mismo, hace algunas semanas recurrieron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que finalmente determinó dejar sin efecto la medida y ordenó el reingreso de Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Al dictar dicha recomendación, como publicó el medio antes mencionado, se puso especial atención a sugerencias que habían emanado del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, que sugirió el traslado inmediato del condenado en función de su condición de adulto mayor con múltiples patologías.
Por medio de un informe que se remitió al tribunal, y que fue elaborado luego de entrevistar a Hernández Norambuena y al alcaide del Repas, se establecía que mantener al sujeto en las citadas dependencias en Santiago podría implicar una serie de vulneraciones. Podría conllevar, se explicitó, “a un trato inhumano contrario a lo establecido” en la normativa internacional suscrita por Chile.
- Pero el asunto no terminó ahí.
De acuerdo con antecedentes que conoció La Tercera, tras la emisión de dicho informe y conocidos los efectos que tuvo, autoridades de Gendarmería decidieron abrir un sumario contra el jefe del departamento a cargo de su elaboración.
Se trata de Fernando Mardones, quien se desempeña como titular del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y quien justamente participó de la visita inspectiva, de las entrevistas y firmó el informe.
Conforme sostienen quienes conocieron de la aplicación de esta medida, se instruyó sumario porque no informó a sus superiores sobre el informe. Indican que habría decidido sólo por su cuenta elaborarlo y presentarlo, sin antes socializarlo internamente.
En tanto se realiza la indagación administrativa, además, se determinó suspenderlo de sus funciones, algo que ciertamente no habría dejado conforme al funcionario.
Según fuentes consultadas por este medio, tras la decisión Mardones optó por presentar su renuncia, la que se hará efectiva a contar del próximo miércoles 1 de julio.
El controvertido informe exponía parte de la entrevista sostenida con Hernández Norambuena, quien respecto a su estadía en el Repas planteó: “Aquí es bien duro y frío, en la ducha el agua sale muy helada. Todo el entorno hace más frío aún, tres veces al día soy allanado y me ponen esposas y eso me afecta, tengo muchos flashes back de mi estadía en Brasil, es estar constantemente reviviendo recuerdos postraumáticos”.
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Ese testimonio, las condiciones del lugar y lo expuesto por el alcaide, llevaron a los funcionarios de DD.HH. a las conclusiones que plantearon. Además, tomaron en consideración los elementos de la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el trato digno debido a las personas privadas de libertad, en especial cuando son personas mayores.
Fue por ello, como se desprende del mismo escrito, que terminaron indicando que era recomendable “el traslado inmediato” de Ramiro a Rancagua y que allá “se mantengan las atenciones de salud y las acciones o programas de reinserción social a las que tenía acceso antes de su traslado al Repas”.
Pese a dicha convicción, ahora se analiza si efectivamente los procedimientos seguidos por los responsables del documento se ajustaron a la norma.
Frente a lo ocurrido, desde la ONG 81 Razones para Luchar, que lidera César Pizarro, transmitieron total disconformidad. Según indicaron, se está persiguiendo injustamente a una persona que está haciendo su trabajo, sólo porque no les parece el resultado de los análisis que se efectuaron.
