Imputado | Servel rechazó parte de rendición de campaña de Orrego por alto monto pagado a administrador electoral

• ¿Qué pasó?

Nuevas críticas surgen contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, esto por el rechazo de parte de la rendición de sus gastos de campaña entre los meses de agosto y noviembre de 2024.

Esto se conoce en medio de la investigación penal en su contra, donde se mantiene como imputado por eventual fraude al fisco. La indagatoria comenzó luego de un informe de Contraloría donde, entre otros detalles, se reveló gastos de coaching con dineros públicos, pero que en realidad tenía un fin electoral.

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Según el medio Ciper, si bien el Servicio Electoral (Servel) aprobó más de $1.000 millones en reembolsos de la candidatura a la reelección de la autoridad, hubo un detalle que no fue aceptado por el organismo.

Se trata de la rendición de los honorarios del administrador electoral de la campaña, José Andrés Wallis. El Servel estableció un tope de $13 millones de pago para ese cargo, pero Orrego buscaba un reembolso por $20,6 millones.

Wallis —exsubsecretario de Transportes durante el gobierno de Eduardo Frei— recibió pagos brutos de hasta $5,8 millones mensuales por sus servicios, pese a que la normativa establece un máximo de $3,2 millones por mes. Además, contrató a otra persona para apoyarlo en tareas contables, lo cual también fue objetado por el organismo al considerar esas funciones indelegables.

Se trata de una situación similar a la que vivió otra candidata al Gobierno Regional (GORE) de Santiago, la ex frenteamplista Karina Oliva, cuyos gastos de su campaña en 2021 también fueron cuestionados por pagos excesivos a colaboradores.

• Funcionarios del GORE en la campaña

Pero eso no es todo. También se detectó que 13 personas trabajaron en la campaña del gobernador mientras mantenían vínculos contractuales con el GORE.

Servel detectó que cinco funcionarios emitieron boletas de honorarios por tareas en la campaña, pero estaban en simultáneo contratadas por la gobernación. De ellas, se determinó que el respaldo para acreditar su trabajo no era suficiente para probar que los servicios efectivamente se prestaron.

Además, en dos casos había labores duplicadas, porque ya otras personas estaban realizando sus funciones.

A ellas se suman otras ocho personas que fueron constatadas por una revisión del citado medio. En total, los pagos a los 13 funcionarios sumaron $44,2 millones.