Noticias Chile | Un nuevo informe de la Contraloría muestra que otros 10,000 empleados públicos viajaron al exterior con licencia médica
La Contraloría General de la República (CGR) informó que otros 10.805 servidores públicos que laboran en servicios regionales abandonaron el país durante su licencia médica o parte de esta, reporta T13.
El reciente Consolidado de Información Circularizada (CIC) mostró que esto podría suponer un uso irregular de 15.257 licencias otorgadas entre 2023 y 2024. De esta cantidad, el 76% pertenece a Fonasa y el 24% a Isapres.
Adicionalmente, el informe señala que los titulares de las 15.257 licencias habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades.
En concreto, 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salida, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.
Según el informe, los trabajadores en cuestión pertenecen a 442 entidades públicas de regiones.
El 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.
En este contexto, se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
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Cabe destacar que estos diez mil nuevos casos se suman a los 25.078 funcionarios públicos que se dieron a conocer en el mes de mayo.
La Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.
