Noticias Chile | ¿Es posible que te embarguen por deudas de gastos comunes? Corte Suprema marca un precedente
- ¿QUÉ PASÓ?
Un conflicto por el no pago de gastos comunes en una parcelación de Chicureo escaló hasta la Corte Suprema de Chile y terminó con una resolución que podría influir en otras comunidades rurales del país.
El máximo tribunal abrió la puerta para que se ejerzan acciones legales contra un propietario que mantiene una deuda que supera los $106 millones, lo que incluso habilita un eventual embargo y remate de la propiedad.
- Una deuda que se arrastra desde 2016
El caso, dado a conocer por Las Últimas Noticias (LUN), se originó en el condominio rural Los Nogales de Chicureo, ubicado en la comuna de Colina.
Según los antecedentes, uno de los dueños dejó de pagar los gastos comunes en 2016. Con el paso de los años, los intereses fueron incrementando la cifra hasta alcanzar el millonario monto actual.
- El vacío legal en parcelaciones rurales
Una de las principales trabas para cobrar la deuda era que esta comunidad no está regulada por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, debido a que corresponde a parcelas rurales y no a un condominio urbano formal.
En la práctica, esto implicaba que la administración no contaba con herramientas claras para exigir el pago, suspender servicios básicos como la electricidad o iniciar procedimientos ejecutivos, como sí ocurre en edificios y condominios urbanos que se rigen por dicha normativa.
Pese a ese escenario, y tras varios años de litigio, la Corte Suprema concluyó que sí es posible emprender acciones judiciales para perseguir el pago de la deuda.
- Comunidades en una “nebulosa” normativa
El fallo también pone sobre la mesa una problemática cada vez más frecuente: parcelaciones que operan como condominios, pero sin estar formalmente acogidas a la legislación vigente.
“Los loteos están en una nebulosa porque no están regulados. Los edificios y casas urbanas están sujetas a la ley de copropiedad donde el administrador puede cortar la luz si alguien no paga e iniciar un juicio de inmediato”, explicó Rodrigo Miranda, abogado del estudio Plaza & Rudolph, al citado medio.
En estos casos, detalló el profesional, no es posible interrumpir servicios básicos y los cobros deben tramitarse mediante juicios civiles que suelen extenderse por largos periodos. Mientras tanto, es la propia comunidad la que asume el impacto económico cuando un vecino deja de cumplir con sus obligaciones.
Por ello, la resolución de la Corte Suprema podría transformarse en un antecedente relevante para situaciones similares que se registren en otras parcelaciones del país.
