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CDE se querellará contra alcalde comunista Daniel Jadue por cuatro delitos de corrupción

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  • ¿Qué pasó?

Durante la últimas horas y tras la confirmación del ingreso de escrito de formalización contra el alcalde comunista, Daniel Jadue, los integrantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) liderado por Raúl Letelier se reunieron para trabajar en la redacción de la acción judicial, la cual podría ser ingresada durante las próximas horas ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

La discusión se centró en los tipos penales que levantará el Ministerio Público respecto a los actos que se investigan contra Daniel Jadue y se determinó apoyar la persecución en todos los ilícitos: cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

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La decisión del Consejo de Defensa del Estado, según La Tercera, se adoptó por decisión unánime y se da tras la decisión del Ministerio Público de solicitar la formalización del jefe comunal de Recoleta por los mismos delitos mencionados.

La investigación que lleva la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, está relacionada con la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Hace unos días el presidente del CDE, Raúl Letelier, había adelantado que el organismo que preside presentaría acciones contra el alcalde Jadue y dio a entender que se haría en un tiempo no lejano.

  • Las acusaciones que originaron el caso

La empresa Best Quality SPA reclama un pago de $960 millones por un negocio con la Achifarp, entidad fundada por Jadue.

En una autodenuncia ante el Ministerio Público, el vendedor y comisionista de la empresa, César Ramírez, declaró que Jadue les pidió un “bono” adicional de insumos que luego fue a parar a la sede del Partido Comunista de Recoleta.

En su momento, tanto el CDE como el Ministerio Público fueron alertados por la Contraloría de irregularidades en la gestión de las farmacias populares. El ente fiscalizador detectó que Achifarp no contaba con estados financieros ni antecedentes bancarios respaldando inversiones y las cuotas de los asociados. Además, apuntó a un inexistente protocolo que dé cuenta de procedimientos de adquisición.

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