Fiscal Pastén confirma que siete funcionarios de Gendarmería están acusados por liberación de sicario
El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, indicó que siete funcionarios de Gendarmería están acusados desde el inicio de la investigación por la irregular liberación de Carlos Alberto Mejía Hernández el 10 de julio, quien está imputado como sicario del “Rey de Meiggs”. Los cargos están vinculados a la “evasión culpable” de un individuo bajo su vigilancia, concepto que implica falta de cuidado en la protección del detenido, reporta BioBioChile.
Pastén precisó que los acusados colaboraron con la pesquisa. “Entregaron sus teléfonos celulares”, detalló el persecutor en entrevista con CNN Chile.
Además, la fiscalía solicitó medidas intrusivas, incluido el acceso a sus finanzas. “Estamos solicitando el alzamiento de sus cuentas bancarias “.
La investigación sigue líneas contra funcionarios de Gendarmería por la liberación del sicario. Pastén enfatizó que los siete enfrentan responsabilidades penales específicas por la salida de Carlos Alberto Mejía Hernández desde el centro penitenciario, quien a la fecha está prófugo.
Asimismo, el fiscal Pastén precisó que a la suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se le acusa de “prevaricación culposa”, delito aplicable a jueces por “negligencia inexcusable” en sus funciones.
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El persecutor explicó la distinción legal. “Culposo es cuando puede haber negligencia o error”, manifestó. Agregó que el delito ocurre cuando, “pudiendo estar en situación de evitarlo, no hiciste lo suficiente para evitar el perjuicio “.
En paralelo, una funcionaria del juzgado fue imputada por “falsificación de instrumento público”. Pastén sostuvo que el cargo surge de presuntamente “confeccionar un documento falso“. A diferencia de la jueza, ella no integra el Poder Judicial.
Así las cosas, todos los imputados permanecen en investigación activa. La fiscalía no descarta formalizaciones por la excarcelación irregular, aunque hasta ahora solo confirman nueve personas en calidad de acusadas: siete gendarmes, la jueza Irene Rodríguez y la funcionaria.
