Noticias Chile | Violadores y asesinos: los condenados que podrían salir libres por proyecto de ley
- ¿Qué pasó?
El debate por el proyecto de conmutación de penas escaló con fuerza luego de que el vocero de campaña de José Antonio Kast, el diputado republicano José Carlos Meza, defendiera públicamente la idea de otorgar beneficios humanitarios incluso a condenados por delitos especialmente graves, como violación de menores o crímenes de lesa humanidad.
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Sus declaraciones reactivaron la controversia en torno a un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores y que actualmente se encuentra en tramitación.
La iniciativa, firmada por los senadores Luz Ebensperger, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca permitir que tribunales suspendan o reemplacen penas de cárcel por reclusión domiciliaria total en casos de enfermedad, discapacidad o edad avanzada. En el oficialismo, incluso, ven esta propuesta como una jugada encubierta para liberar a reos de la hoy ex Punta Peuco. Sin embargo, podría tener alcances mayores.
El polémico proyecto continúa su tramitación en general en el Senado y la Comisión de Derechos Humanos ya emitió un primer informe al respecto. De avanzar en el Senado, pasará a la Cámara, a segundo trámite.
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- Proyecto
De acuerdo al proyecto que “Regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica”, (Boletín 17.370), se eleva a rango legal algunos principios penitenciarios como la obligación del Estado de mitigar los efectos dañinos del encierro, garantizar tratamiento médico y permitir que un interno terminal pueda morir fuera de la cárcel.
Primero, la suspensión temporal de la pena cuando el condenado tenga una enfermedad mental, padezca una condición que implique riesgo vital dentro de la cárcel o presente un deterioro físico incompatible con la infraestructura penitenciaria.
Y, segundo, la reclusión domiciliaria total por el resto de la condena, aplicable a internos con enfermedades crónicas que no puedan tratarse adecuadamente en prisión, enfermedad terminal, discapacidad que implique trato inhumano en la cárcel, o 70 años o más, cuando su edad sumada a los años ya cumplidos en prisión llegue a 80.
El beneficio exige informes médicos del Ministerio de Salud y monitoreo de Gendarmería, pero no establece exclusiones por tipo de delito, lo que encendió aún más la controversia.
“Personas que por su enfermedad grave o terminales en conjunto con su edad y estando en reclusión, porque esto pasa a ser más una tortura inhumana que un castigo o sanción justa. Podrían terminar su vida recluidos en su casa, con su familia”, dijo el senador Alejandro Kusanovic.
Aunque sus autores señalan que el proyecto es para la población penal general y se basa en criterios humanitarios, en su fundamentación mencionan especialmente a condenados por causas de derechos humanos, que representan la mayor proporción de internos de edad avanzada. Este punto ha encendido la discusión pública.
Precisamente, los críticos de la iniciativa advierten que esta podría favorecer a personas condenadas por delitos altamente repudiados, porque el texto no excluye a personas condenadas por delitos sexuales, femicidios, asesinatos o crímenes de lesa humanidad.
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