Beneficio a detenido por tráfico de fentanilo reaviva discusión sobre pensiones de gracia tras estallido social
El Ministerio del Interior activó una revisión de las pensiones de gracia otorgadas durante el estallido social, tras el arresto de un beneficiario por tráfico de fentanilo. La situación volvió a abrir la discusión sobre los criterios empleados en la asignación de esta ayuda estatal, según consigna BioBioChile.
Concretamente, fue la semana pasada cuando desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano, declaró una evaluación completa de las pensiones de gracia concedidas a las víctimas del estallido social.
La medida será ejecutada por el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, encargado de analizar los antecedentes de quienes actualmente reciben este beneficio estatal.
- Beneficio a detenido por tráfico de fentanilo reabre debate por pensiones de gracia
La decisión se transparentó tras la detención de Benjamín Huerta en Ovalle, en la Región de Coquimbo, en el marco de una investigación por presunto tráfico de fentanilo. Huerta había accedido a una pensión de gracia luego de ser reconocido como víctima de la acción policial durante las manifestaciones del 18 de octubre.
Desde el Ejecutivo aclararon que el beneficio fue revocado en enero de este año. No obstante, el caso volvió a reabrir el debate sobre los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
La diputada de la UDI, Constanza Hube Portus , apuntó directamente contra la administración del expresidente Gabriel Boric Font.
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Por su parte, el senador Andrés Longton Herrera (RN) recordó las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que detectó falencias en los procesos de otorgamiento de estos beneficios, además de cuestionamientos al rol desempeñado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En tanto, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi Hazleby , planteó que el gobierno debería ampliar el proceso y extenderlo a otros casos.
La evaluación anunciada se agrega a un debate que persiste desde hace varios años. En el Congreso Nacional, de hecho, han emergido propuestas para aumentar los criterios de acceso y facilitar la cancelación de estos aportes cuando sea necesario.
