
Gobierno envía al Senado con urgencia reforma constitucional sobre seguridad
El Gobierno presentó al Senado una reforma constitucional sobre seguridad pública, propuesta que es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y que tendrá carácter de máxima urgencia.
El objetivo del proyecto es integrar herramientas constitucionales innovadoras para combatir el crimen organizado y el terrorismo, así como definir responsabilidades concretas para el Estado, reporta Agricultura.
- Seguridad pública y organizaciones criminales
Entre las principales modificaciones aparece la incorporación del concepto de seguridad pública junto a la seguridad nacional, estableciendo explícitamente el deber estatal de resguardar esta materia.
La propuesta también contempla que una ley establezca un registro de organizaciones criminales, con efectos sobre las responsabilidades penales de sus integrantes.
Sin embargo, el texto mantiene la obligación del Ministerio Público de acreditar la participación individual de cada persona vinculada a estas organizaciones.
Otro de los puntos relevantes corresponde al nuevo artículo 9 bis, que habilitaría una ley de quórum calificado para establecer penas y medidas especiales respecto de personas condenadas por delitos de crimen organizado y conductas terroristas.
- Reforma permitiría establecer medidas especiales
Según los antecedentes difundidos sobre el proyecto, estas disposiciones también contemplan la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios diferenciados y consecuencias específicas para personas condenadas por estos delitos.
Te puede interesar: Alarma Meteorológica: DMC advierte de precipitaciones intensas en estas zonas de Chile
La reforma no fija directamente las sanciones ni las eventuales restricciones, sino que entrega al legislador la facultad de definirlas posteriormente mediante una ley de quórum calificado.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para fortalecer las herramientas contra el crimen organizado, materia que constituye uno de los focos prioritarios del Ministerio de Seguridad Pública.
Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere un quórum de cuatro séptimos de los integrantes en ejercicio de cada Cámara, según se explicó durante la revisión de sus antecedentes.

