Presentan proyecto que obliga a levantar barreras en emergencias en los peajes

• ¿Qué pasó?

Un grupo transversal de senadoras y senadores presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Concesiones de Obras Públicas, con el fin de garantizar que todo vehículo particular que traslade a personas en situación de emergencia pueda cruzar las plazas de peaje sin la exigencia de un cobro inmediato.

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• Origen de la iniciativa legislativa

En el texto, las senadoras Danisa Astudillo (PS) y Loreto Carvajal (PPD) y los senadores Gastón Saavedra (PS) y Enrique Van Rysselberghe (UDI) hacen presente que la propuesta surge tras el grave incidente registrado en la región del Biobío, donde la barrera de peaje no fue levantada a una familia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto, debido a la falta de efectivo y terminó teniendo a su hijo dentro del vehículo, corriendo graves riesgos para su salud.

Ante estos hechos, los autores de la iniciativa remarcaron que el libre tránsito en emergencias debe priorizar los “derechos constitucionales a la vida, la integridad física y la salud por sobre los intereses comerciales de las concesionarias”.

• Declaración verbal y mecanismo de pago posterior

Entre las principales disposiciones del proyecto destaca que la condición de urgencia se presumirá con la “sola declaración verbal del conductor en la caseta de cobro” y para evitar perjuicios económicos a las empresas, la norma fija un mecanismo de pago posterior que concede un plazo de 48 horas para regularizar la tarifa mediante transferencia electrónica u otros medios informados por la concesionaria.

Se precisa que, transcurrido dicho lapso, la concesionaria podrá tramitar el cobro directamente con el propietario del vehículo.

• Protección a trabajadores y sanciones penales

Asimismo, el proyecto protege expresamente a los funcionarios de los peajes, “prohibiendo a las empresas aplicar sanciones, descuentos o cobros a los trabajadores” que levanten las barreras durante una emergencia.

Finalmente, la moción incorpora sanciones penales para quien obstaculice el paso en situaciones de emergencia o catástrofe, fijando penas de hasta 3 años de cárcel (presidio menor en su grado mínimo a medio).