Mató a su esposo, salió de la cárcel y ahora recibió 150 millones de pensión del fallecido
- ¿Qué pasó?
Irma Mabel Ovalle Oyarzún dejó el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, situado en Avenida Circunvalación, tras haber estado más de 14 años en prisión por el asesinato de su esposo, el suboficial en retiro Didier Celestino Mansilla Rivera, Según detalla Diario El Pingüino
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- La condena
La mujer, condenada en 2013 a 20 años de prisión, seguirá cumpliendo el resto de su pena bajo libertad condicional, un beneficio concedido por la comisión jurisdiccional del Poder Judicial.
Desde el ámbito penal se aclaró que la salida de la institución carcelaria no significa el término de su condena, sino que está cumpliendo la etapa final bajo estrictas condiciones de supervisión.
- El crimen de 2012 y la controversia del montepío
El horrible hecho ocurrió el 29 de julio de 2012, cuando Ovalle se coordinó con Sergio Esteban Escalona Chiguay para acabar con la vida de Mansilla, un suboficial mayor del Ejército en retiro.
Escalona se contactó con la víctima mediante un perfil falso en redes sociales y acordó una cita en Punta Arenas.
Una vez en el interior del vehículo de Mansilla, lo atacó de forma violenta con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte horas más tarde en el Hospital Clínico de Magallanes.
Las investigaciones determinaron que la mujer había pagado a Escalona para llevar a cabo el crimen, por lo que el autor material también fue condenado a 20 años por homicidio calificado.
La salida de Ovalle reaviva el interés público sobre uno de los casos de mayor impacto en la historia reciente de Magallanes.
Es importante recordar que su nombre ya había suscitado un intenso debate en mayo pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictó una orden a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) para restituirle la pensión de viudez derivada del fallecimiento de su esposo.
La resolución judicial obligó a pagar montos retroactivos desde 2017, que sumaron cerca de $150 millones, lo que provocó un gran rechazo ciudadano debido a su estatus de condenada por parricidio.
La devolución se basó en la falta de una resolución judicial civil anterior que estableciera de manera explícita la incapacidad o descalificación para recibir ese beneficio de pensión.
