Noticias Chile | Comisión Mixta otorga a la PDI facultades para allanar domicilios y facilitar expulsiones
La discusión sobre la crisis de seguridad llevó a la implementación de una nueva legislación bajo la administración del Presidente José Antonio Kast Rist. En la sesión de este lunes, la Comisión Mixta del Congreso autorizó proporcionar nuevas facultades legales a la Policía de Investigaciones (PDI) centradas en la identificación, captura y deportación de extranjeros involucrados en delitos, una acción que se agilizó tras el reciente homicidio cometido por un ciudadano en situación migratoria irregular, reporta ADN Radio.
La principal disposición visada por los parlamentarios establece que, de ahora en adelante, los efectivos policiales podrán hacer ingreso a un domicilio particular siempre que cuenten con la autorización previa de un juez de garantía. Este mecanismo busca materializar de manera efectiva la captura y posterior salida del país de quienes infrinjan la ley.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano, destacó la determinación del órgano legislativo como un avance fundamental para la agenda de La Moneda. “Es una de las innovaciones más decisivas que este proyecto de ley contempla para poder materializar el ordenamiento migratorio”, aseguró la autoridad de Gobierno.
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- Agilización de la expulsión y aumento de prohibición de reingreso
Junto con las facultades de allanamiento, la instancia parlamentaria dio luz verde a una modificación sustancial en los plazos de restricción fronteriza. La normativa aprobada dispone que, una vez consumada la expulsión del territorio nacional, la persona deportada no podrá volver a hacer ingreso a Chile durante los próximos cinco años, endureciendo el límite de tres años que permite la legislación actual.
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Además, el proyecto incorpora un mecanismo que pretende descomprimir el sistema judicial y agilizar las deportaciones. La iniciativa permite que las autoridades concreten la salida del país de un extranjero en condición irregular sin la estricta necesidad de terminar un procedimiento penal que se encuentre en curso.
En la práctica, esto posibilitará el estudio de casos específicos de infractores que actualmente se encuentran privados de libertad. Dependiendo de la gravedad de sus antecedentes, el Estado podrá sacarlos del país sin aguardar el cierre de su proceso legal ordinario. Sobre esta nueva herramienta, Pavez precisó que “una persona irregular, si es sujeto de un procedimiento penal para algunos delitos, se pueda expulsar sin tener que terminar completamente el procedimiento penal”.
