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Fiscalía da protección a familia en Alto Bío Bío: Delincuentes los amenazaron para que dejen su domicilio

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  • ¿QUÉ PASÓ?

Tras la toma del fundo de San Miguel en la comuna de Alto Biobío que afectó a una familia de la tercera edad, la fiscalía habría emanado una medida de , debido a que los amedrentaron con desalojarlos de su vivienda. Intimidación que quedó registrada en un video por los propios afectados.

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  • La amenaza

“Los vamos a dejar así, usted lo toma o lo deja. Sale por las buenas, o sale por las malas”, sentenció el vocero de los encapuchados.

Ante lo denunciado, la delegada presidencial de la provincia del Biobío, Paulina Purrán, se refirió a las acciones que como delegación realizaron a partir del jueves 31 de marzo.

“Es una recuperación del fundo San Miguel, ubicado en Ralco, Alto Biobío, donde ingresaron el sábado 26 de marzo alrededor de 15 personas al lugar. Hemos tenido contacto con las familias, en el caso de las familias están muy asustadas, por lo que hemos ordenado lo que la ley nos permite, que son patrullajes diarios con entrevistas a los residentes, ya que el caso pasó a la Fiscalía. Hemos tenido contacto con la fiscal jefe, y estamos en coordinación, trabajando para darle la mayor a la familia”, sostuvo.

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Por su parte, el presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, explicó que ha prestado toda su colaboración, ya que se trata de agricultores que habitan la zona desde hace 50 años aproximadamente, y han sido víctimas de este tipo de ataques en reiteradas ocasiones.

“Aquí lo que falta es una acción del Estado. No es de ahora”, afirmó Stegmeier

  • Tomas de terreno

En esa misma línea, el subsecretario del interior, Manuel , en una visita a Los Ángeles, se refirió a los sucesos haciendo hincapié en la labor que debe hacer el Ejecutivo y el poder judicial.

“Frente a una amenaza, a un delito, el que debe actuar es el Ministerio Público. El gobierno tiene la de hacer todo lo que está a su alcance para que la seguridad de las personas se proteja”, enfatizó.

Además, anunció que estos hechos tienen dos aristas, donde en primer lugar hay una persona que es propietaria de un terreno, pero también existe una demanda detrás, que busca la recuperación de tierras que debió canalizar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), un proceso que según expresó fue “inoperante”.

Por último, cabe mencionar que sobre esta demanda se están denunciando graves amenazas, incluso de muerte, a través de publicaciones por redes sociales a las familias del sector.

Por lo que el subsecretario del Interior insistió en que las decisiones de medidas de protección o desalojo no están en manos del Gobierno, sino que deben provenir del Ministerio Público.

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