Investigación reveló que Gobierno ha entregado $3 mil millones a fundaciones pro-Boric en la región de Antofagasta

• ¿QUÉ PASÓ?

Cuando el medio local Timeline dio a conocer los millonarios convenios que se adjudicó la fundación Democracia Viva, ligada al entorno de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se abrió una verdadera caja de pandora sobre la asignación de recursos de forma directa a fundaciones en la región de Antofagasta para el trabajo en campamentos de la zona.

El polémico caso, revelado por el medio ya citado, evidenció la molestia de los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta por la asignación de recursos de forma directa a al menos siete fundaciones bajo el contexto de “habitabilidad primaria” para campamentos. Controversia que en la actualidad tiene a la fiscalía regional investigando el caso.

Según consignó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, hay una serie de otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma Seremi Minvu de Antofagasta y cuyo denominador común es que son pro-Gobierno y sus líderes son próximos al oficialismo. De hecho, sus líderes hicieron campaña por el actual Presidente Boric Font y en otros casos por el Apruebo. Contratos que solamente en dicha región totalizan más de $3 mil millones.

En esta línea, Radio Bío Bío informó que la lista la encabeza la Asociación Campamento de Ideas, que según los registros ha recibido nueve asignaciones directas por un monto de $797.593.752. El presidente y socio fundador de la organización es Ernesto Espinoza Illanes, quien en sus redes sociales compartió fotografías apoyando al entonces candidato Gabriel Boric Font.

En segundo lugar, está la Fundación ProCultura. Conocida por el presidente Boric ya que su pareja Irina Karamanos trabajó aproximadamente un año en dicha institución.

ProCultura, recibió en el mismo periodo que Democracia Viva la asignación de $500 millones de pesos. El objetivo del contrato fue para “la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”, según informó el medio de investigación ya mencionado.

Su director ejecutivo y socio fundador es Alberto Larraín Salas, quien colaboró con la campaña del actual mandatario e incluso ha participado en mesas convocadas por el Ejecutivo.

Además de ProCultura y la Asociación Campamento de Ideas, se suma la Fundación Urbanismo Social, que es otra de las organizaciones que ha recibido financiamiento. En el último trimestre de 2022, a Urbanismo Social se le transfirió la suma de $577 millones desde la Seremi Minvu de Antofagasta, según detalló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

La fundación es dirigida por Pilar Goycoolea Ferrer, quien es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno.

Otra de las fundaciones que también recibió dineros para el trabajo en campamentos en Antofagasta es la Fundación Cultural TomArte. Esta organización, recibió de parte de la Seremi Minvu de Antofagasta tres transferencias que totalizaron $400 millones, según consignó Radio Bío Bío.

La presidenta y socia fundadora de TomArte es Kelly Betancourt Acosta, cercana al Gobierno, y al igual que Goycoolea, Betancourt y su organización mantuvo un rol activo en redes sociales en favor del “Apruebo”.

Otra de los contratos que también se firmaron en el último trimestre del año 2022 fue con Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra. Esta organización recibió $430 millones con el mismo fin: trabajar en mejorar de forma transitoria la vida en campamentos de la región de Antofagasta, según consignó Radio Bío Bío.

Movimiento Fibra la preside su socia fundadora que es Mery Ortiz Donoso, también cercana al Gobierno, como muestran sus redes sociales. Esta organización fue promotora del Apruebo y del entonces candidato Gabriel Boric Font.

• Contraloría

Tras la revelación del medio electrónico Timeline de Antofagasta, la Contraloría General de la República (CGR) de la zona comenzó el análisis de los antecedentes.

Por lo tanto, según el conducto regular, el ente fiscalizador debería solicitar a la Seremi Minvu de Antofagasta el “convenio de transferencia de recursos para la ejecución de diagnósticos socio territoriales” con la Fundación Democracia Viva, con el fin de levantar por medio de oficios todos los documentos que se firmaron con fundaciones en dicha repartición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

• Números

De acuerdo con lo consignado por Radio Bío Bío, Antofagasta es la cuarta región con más campamentos del país. El primer lugar lo ocupa Valparaíso con 235 asentamientos irregulares y 18.405 hogares; le sigue la región Metropolitana con 142 campamentos y 13.392 familias; Tarapacá ocupa el tercer lugar con 55 campamentos y 9.300 hogares; y finalmente Antofagasta con 85 asentamientos que suman 7.384 familias, según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

• Fundador de ProCultura

Luego de que saliera a la luz pública la noticia sobre Democracia Viva, el fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, a través de sus redes sociales, sostuvo que todo lo sucedido le “hacía un daño” a las fundaciones que trabajan ayudando al Estado en el día a día.

En este contexto, Larraín en conversación con Radio Bío Bío, reconoció de entrada que Irina Karamanos fue funcionaria de su fundación, la cual estuvo encargada de un programa del Área Educación, trabajando directamente con la isla Rapa Nui.

Entrevista realizada por Radio Bío Bío

– Ustedes, al igual que Democracia Viva, recibieron dineros en las mismas fechas desde la Seremi de Antofagasta vía trato directo. ¿Qué pasó con eso?

“Lo primero es que genera una molestia muy grande a raíz de que este es un proceso que uno concurre por solicitud del Ministerio de Vivienda. El Minvu es el que hace el llamado a las distintas fundaciones que están presentes en la región para poder ejercer acciones que el municipio no podía ejercer y se nos solicita participar en una condición donde hay una serie de comunidades bastante vulnerables. Nosotros tenemos un convenio marco con el Ministerio de Vivienda desde la administración pasada, donde habíamos ejercido varias acciones de distintos niveles, en distintas complejidades de proyectos. Entonces, en ese sentido, teniendo el convenio marco nos pareció de suyo que efectivamente uno pudiera contribuir a lo que las comunidades van requiriendo”.

“Ahora, ¿cuál es la molestia? ¿Por qué surge esta molestia? Porque este problema se hubiera evitado plenamente si las condiciones mínimas que se nos exigieron a nosotros para firmar el convenio en el primer momento, que era tener una cierta cantidad de años de existencia, que era tener experiencia demostrable en los trabajos, que era tener una cierta cantidad de rendiciones, una cantidad de recursos mínimos que pudiéramos demostrar en término de espalda financiera, se le hubiera ejecutado a las otras fundaciones. O sea, si en el caso de Democracia Viva se hubiera aplicado solamente el tema del tiempo, de años, que antes era mínimo 5 años, todo este problema se hubiera evitado”, manifestó al medio ya citado.

“Ahora, hoy día no solamente está el manto de duda en nosotros, sino que hay campamentos que son abandonados nuevamente en una condición de extrema vulnerabilidad y termina generando que aquellos que estamos haciendo bien la pega y que nos esforzamos porque las comunidades puedan tener proceso de desarrollo, terminamos siendo cuestionados”.

– Esos $500 millones ustedes los ejecutan. ¿Les revisan eso? ¿Cómo es el mecanismo?

“Lo primero es que efectivamente se transfiere la plata y primero se saca un seguro. Un seguro para que los recursos no puedan ser mal habidos o no se puedan establecer de mala manera. Sean boletas de garantía, o sean póliza. Esos recursos se rinden de manera periódica y hay tanto una supervisión técnica como una financiera. Además, está acompañado de un proceso de registro de lo que se está haciendo en el territorio. Hay visitas periódicas de lo que se está haciendo y en el caso de estos proyectos, la fundación subsidia parte del costo porque ninguno de estos proyectos se viabiliza con los dineros entregados por el Minvu”.

– En el caso de ustedes cuando hablamos de materializar ¿eso conlleva algo tangible? No es un seminario…

“Son cosas tangibles. Por ejemplo, hay proyectos que son de habilitación primaria. Entonces pueden ser la habilitación de una sede social, en el caso de otras comunas hemos pavimentado calles o eventualmente haces el tema de electrificación, de saneamiento. En otras regiones estamos con procesos de urbanización”.

– ¿Irina Karamanos cuando trabajó estuvo en desarrollo de proyectos?

“La Irina trabajaba en el área de educación. Específicamente generando material y en vinculación a los temas de lengua que es parte de lo que ella estudió. Trabajó en los proyectos que hacíamos en Rapa Nui”.

En esta línea, Larraín afirmó a Radio Bío Bío que “la arista que se abre acá o la pregunta más de fondo es si el Estado quiere o no esta colaboración, donde además nosotros ponemos otros recursos, que son adicionales a los que el Estado pone. Ante eso la pregunta es si Chile cree que el Estado tiene que seguir administrando todo a su ritmo y a su forma”.

Asimismo, añadió en la entrevista realizada por Radio Bío Bío, que debería haber más debate respecto a las medidas de transparencia y rigurosidad sobre los recursos, ya que eso da más tranquilidad a las fundaciones y al Estado mismo.