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“Actitud matonesca y descriteriada “: Oposición advierte acusación constitucional contra Raúl Figueroa por tratar que los niños vuelvan a clases

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Polémica provocaron los dichos del ministro de Educación, Raúl Eugenio Figueroa Salas de 46 años, quien afirmó no descartar suspender la subvención a los colegios que no retornen a clases en las comunas que hayan salido de la cuarentena por la pandemia.

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  • ¿QUÉ DIJO EL MINISTRO?

“Analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante la educación”, expresó el viernes 28 de mayo Raúl Figueroa.

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En ese contexto, las declaraciones del Ministro de Educación no fueron bien recibidas por la oposición, quienes aseveran que, si el ministro sigue con su “actitud matonesca y descriteriada”, no descartan impulsar una acusación constitucional en su contra.

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Uno de los primeros políticos en reaccionar fue el diputado socialista Juan Rubén Santana Castillo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, quien observó que “Si el ministro insiste con esta porfía en el retorno a actividades presenciales sin ninguna seguridad, vamos a empujar una acusación constitucional”.

En conversación con Cooperativa, Juan Santana añadió que esta idea se ha “Sociabilizado con algunos colegas y no me cabe ninguna duda de que otros diputados también van a empujar este esfuerzo”.

Otra de las parlamentarias que reaccionó a las palabras del ministro fue la diputada Camila Ruzlay Rojas Valderrama (Comunes), también miembro de la misma comisión parlamentaria, “La amenaza del ministro de dejar sin recursos a las escuelas la encuentro una bajeza tremenda”.

“Realmente impacta la actitud matonesca y descriteriada de Raúl Figueroa, que deja a la vista que no está capacitado para ejercer este cargo”, agregó la legisladora del Frente Amplio.

Por último, cabe destacar que las acusaciones constitucionales son una facultad de los diputados de iniciar un proceso que busca responsabilidades políticas de los altos cargos públicos. De prosperar y ser aprobada por el Senado, estas pueden llevar a la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

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