General Yáñez entrega apoyo a carabinero que abatió a conductor en San Antonio

 

    Foto 24horas

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se reunió esta tarde con el carabinero que abatió a tiros con una subametralladora Uzi a un sujeto que atropelló a otro efectivo en un procedimiento policial, el pasado sábado en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio.

Según consignó 24horas, desde la institución uniformada, Yáñez “reiteró, personalmente, su apoyo, el de la Institución y el respaldo jurídico. Gestos que el Cabo agradeció y expresó sentir el apoyo de la Institución ante los hechos acontecidos en el procedimiento policial”.

Sobre el carabinero atropellado, el general director aseguró que “se encuentra bien, está hospitalizado, tiene que ser sometido a una resonancia magnética para poder establecer si tiene alguna lesión de otro carácter, pero está sin riesgo vital, está con su señora en , yo lo visité”.

Por su parte, la del Interior, Carolina Tohá, indicó sobre el que “si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra”. Además, expresó que siempre “se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o de una persona o una huida”.

En este contexto, esta mañana, Yáñez respondió: “Yo no me puedo referir respecto a las declaraciones que hace una autoridad y, sobre todo, de la cual yo dependo”, indicó Yáñez en referencia a la duda que planteó la ministra Tohá sobre la aplicación de la ley Nain-Retamal en el caso de Llolleo.

“Lo que sí yo puedo señalar es que yo conversé personalmente con el funcionario, y los antecedentes que yo manejo, por parte de la investigación que se ha llevado a cabo en San Antonio, es que tiene todo mi respaldo, no solamente institucional, sino que también todo el apoyo jurídico”, sostuvo.

Por último, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró que es “altamente probable” que el carabinero involucrado podría beneficiarse de la Ley , la que contempla la presunción de la legítima defensa en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.

Redacción periodista digital VGG

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