El pueblo pide que se invoque la “Ley de seguridad del estado” contra derechistas que compraron armamento AK-47

Un sexto acusado por el caso de compra y venta de un fusil ruso , identificado como Matías Ugalde Vásquez, se entregó este jueves al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Ugalde está casado desde 2003 con Valeria Palma Bancalari, quien también fue formalizada por esta causa.

El hombre fue formalizado, quedando con prisión preventiva por 120 días.

El caso de la venta del fusil está siendo investigado en reserva por la Fiscalía Oriente, habiendo sido ya formalizadas 5 personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones, estando una de ellas en prisión preventiva.

Se trata de Joaquín Valdés Muñoz (quien quedó con prisión preventiva), Eugenio Gutiérrez Manzy (arresto domiciliario), Carlos Valdés Palacios (firma y arraigo nacional), Catalina Urrutia Searle y Valeria Bancalari Palma (ambas con arresto domiciliario nocturno).

Los cinco tienen un marcado perfil de y viven en el barrio alto de Santiago. Ahora deberán explicar a la Justicia el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre bajo el contexto de la crisis social en el país según destapó el escándalo RADIO BIO BIO.

Escuchas telefónicas

La indagación se originó hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI tomó conocimiento sobre la venta de un fusil AK-47 ruso, con un cargador de 36 balas, por un millón y medio de pesos.

Esto, gracias a escuchas telefónicas -que reveló en exclusiva Radio Bío Bío– donde se pudo constatar la participación de dos involucrados: “Matías” (Ugalde), quien mantenía una deuda en dinero con “Joaquín” (Valdés).

Es en ese contexto de la conversación donde apareció popular el fusil de asalto. Un arma de guerra que Matías Ugalde iba a comprar. En su perfil de Facebook, Ugalde aparece con un rifle emulando el instante en que activa el gatillo, dejando en evidencia su gusto por las armas.

¿ ?

En conversación con El Diario de Cooperativa, enfatizó que «cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al Gobierno le preocupa enormemente».




«Lamentablemente, en este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes, pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este la vamos a utilizar», sostuvo.

Respecto a la vinculación de personas de extrema derecha en este caso, la ministra dijo que sólo tienen esa información a través de la prensa.




«En cuanto tengamos información, si es que amerita una querella por Ley de Seguridad del Estado, no le quepa la menor duda que vamos a accionar de esa manera«, finalizó.

Este martes fueron formalizadas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, en una audiencia que se desarrolló a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de seguridad en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó 120 días para la investigación, de carácter reservada según decretó la Fiscalía.

De los imputados, sólo uno quedó en prisión preventiva; de los restantes, dos quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras que un tercero quedó con firma quincenal y arraigo y el cuarto con arresto domiciliario parcial.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments